La economía argentina, históricamente navegante de crisis cíclicas, enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre tras el estallido del llamado *Cryptogate*, un escándalo que atraviesa al gobierno de Javier Milei y cuyas repercusiones comienzan a dibujar grietas en el ya frágil entramado financiero del país. El caso, que involucra transacciones opacas en criptomonedas ligadas a funcionarios de alto rango, no solo amenaza la estabilidad política sino que agudiza problemas estructurales: la fuga de capitales, la presión sobre el dólar y la desconfianza en un modelo económico que prometía “desregularizar para liberar”.
Todo comenzó con una serie de filtraciones que expusieron movimientos de fondos en Bitcoin y stablecoins desde empresas estatales hacia cuentas en paraísos fiscales, con beneficiarios finales vinculados al círculo íntimo del presidente. Estas revelaciones, negadas con vehemencia por el oficialismo pero respaldadas por análisis de blockchain de organismos internacionales, llegaron en el peor momento: el gobierno intentaba consolidar su polémica *Ley de Libertad Monetaria*, que habilita el uso de criptoactivos para transacciones cotidianas y privatizaciones. El mensaje de “transparencia radical” que Milei esgrimió para justificar la reducción del Estado ahora se ve opacado por sospechas de doble discurso, y los mercados responden con nerviosismo.
El efecto inmediato se reflejó en el tipo de cambio. El dólar blue, tras meses de relativa calma, escaló un 25% en dos semanas, alcanzando los $3.500, mientras el Bitcoin —promovido como alternativa ante la inflación— perdió el 18% de su valor en plataformas locales. Los ahorristas, atrapados entre la desconfianza en el peso y el miedo a las criptomonedas, corrieron a refugiarse en bienes tangibles: electrodomésticos, autos usados y hasta propiedades en countries amurallados. “Antes creía que las cripto eran el futuro, pero si hasta los que las defendían las usan para esconder plata, ¿en qué quedamos?”, resume Juan Pérez, un pequeño empresario de La Plata que invirtió sus ahorros en Ethereum en 2024.
La credibilidad internacional también paga un precio. El FMI, tras meses de negociar un nuevo acuerdo con el gobierno, congeló un desembolso clave de USD 2.000 millones exigiendo “claridad absoluta” sobre el destino de los fondos públicos. Inversionistas extranjeros, inicialmente atraídos por la retórica libertaria, retrasan proyectos en energía y tecnología. “Argentina sigue siendo un riesgo altísimo. Lo de las criptomonedas fue la gota que derramó el vaso”, admitió un alto ejecutivo de un fondo de inversión neoyorquino bajo condición de anonimato.
En las calles, el malestar se traduce en protestas. Sectores medios y bajos, golpeados por una inflación que ronda el 180% interanual —a pesar de la dolarización parcial—, ven con escepticismo cómo el Estado reduce subsidios a la energía y el transporte mientras se investigan transferencias millonarias a cuentas offshore. “Nos dijeron que recortar el gasto público era para combatir la corrupción, pero ahora vemos que plata hay… solo que no está acá”, reclama Marta Gómez, dirigente de un movimiento social en el conurbano bonaerense.
El propio modelo económico de Milei, basado en la autoregulación y el retiro del Estado, enfrenta su primera prueba de estrés. La teoría de que “los mercados se controlan solos” se quiebra ante la evidencia de que, sin supervisión, actores poderosos pueden manipular el sistema. El Banco Central, debilitado por la Ley de Libertad Monetaria, carece de herramientas para rastrear flujos ilícitos en criptoactivos, un vacío que según expertos facilitó el Cryptogate. “Es la paradoja de desmantelar los controles: terminas empoderando a quienes más recursos tienen para evadirlos”, señala Laura Di Marco, economista de la Universidad de Buenos Aires.
Aunque el gobierno insiste en que el escándalo es una “operación mediática”, las consecuencias macroeconómicas son tangibles. Las reservas netas del BCRA cayeron un 12% en marzo, presionadas por la fuga de capitales y la caída en la recaudación de exportaciones. La industria automotriz, que había repuntado levemente con incentivos a las inversiones en cripto, paralizó su producción ante la incertidumbre cambiaria. Incluso el agro, históricamente resiliente, advierte sobre riesgos: “Si no hay reglas claras, hasta la siembra directa se vuelve una apuesta”, ironiza Carlos Achetoni, dirigente de la Federación Agraria.
El futuro inmediato dependerá de cómo se resuelva la crisis política. Si Milei logra contener el daño con su mayoría en el Congreso, podría relanzar su agenda con ajustes cosméticos. Pero si la Justicia —cuya independencia sigue en debate tras la reforma judicial de 2024— avanza en las causas, el gobierno podría quedar atrapado en un laberinto de audiencias y recursos. Mientras tanto, la economía argentina sigue su curso pendular entre la desesperación y la esperanza, entre el peso que no vale y el dólar que no alcanza. En un país donde hasta los escándalos se pagan en cuotas, el Cryptogate no es solo un problema de corrupción: es el síntoma de un experimento económico que prometió el cielo pero dejó a millones mirando desde el suelo.